Libertades+versus+despotismo

En una primera etapa, el debate sobre las facultades extraordinarias presentó una antinomia fundamental: sus defensores la planteaban en términos de libertad individual //versus// orden público, mientras que sus detractores la definían como la oposición entre libertad individual bajo el imperio de la ley //versus// dictadura. A partir de 1831, el debate se desplazó hacia la discusión sobre la división de poderes, en particular hacia la relación entre la Sala de Representantes y el poder ejecutivo ejercido por el gobernador. Cabe recordar que, desde 1821 y hasta 1829, la Legislatura había ocupado el espacio central del engranaje político provincial; en ese contexto, el otorgamiento de facultades extraordinarias al gobernador y la posterior ampliación de sus atribuciones rompían con lo que ya era considerado una conquista del régimen republicano fundado diez años antes. El poder legislativo veía disminuir considerablemente su protagonismo en la escena política provincial al resignar el poder de iniciativa e incluso la capacidad de fijar la duración de las facultades que, supuestamente, se habían otorgado con carácter de excepción. Cuando, luego de los debates, la condición de excepción se asumió por "tiempo indeterminado", los diputados comenzaron a redefinir sus argumentos colocando como eje de la deliberación la división de poderes.  En ocasión de la firma del Pacto Federal, el conflicto entre el gobernador y algunos diputados de la Sala -que pretendían modificar la redacción de ciertos artículos- se hizo más abierto. La indignación de Rosas provenía no sólo del intento de modificar un acuerdo que consideraba de su propia factura, sino además del tipo de cuestionamiento formulado. Los diputados buscaron corregir los artículos que hacían sospechar el ejercicio de un poder discrecional en manos del Ejecutivo. En este sentido, fue especialmente discutido el artículo 7 del tratado, que prometía "no dar asilo a ningún criminal que se acoja a una de ellas (de las provincias firmantes) huyendo de las otras dos por delito, cualquiera que sea, y ponerlo a disposición del gobeirno respectivo que lo reclame como tal". En este punto, se opusieron no sólo quienes ya lo habían hecho al otorgamiento y ampliación de las facultades extraordinarias, sino también algunos de los que hasta muy poco tiempo atrás habían sido sus más férreos defensores. El caso más paradigmático fue el del diputado Sáenz de Cavia, quien, en la sesión celebrada el 26 de enero de 1831 en la Sala de Representantes, afirmaba, alarmado, "que el gobierno de Buenos Aires se hallaba revestido de facultades extraordinarias, y los de las demás provincias litorales, si no lo estaban ya, lo estarían acaso pronto, y sancionar en estas circunstancias el artículo en discusión sería ampliar de tal modo la autoridad ejecutiva que por nada que hubiese que temer de ella, no por esto dejarían de quedar en un mal punto de vista los que hubiesen formado un poder tan ilimitado bajo todos repectos, como el que era librado a la ciencia y conciencia del gobierno, pues que los abusos que pudiesen cometerse serían tanto más terribles y funestos, cuando que eran legalizados" (//Diario de sesiones// de la Sala de Representantes de Buenos Aires, tomo 12, sesión del 26 de enero de 1831). (1)

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(2) Extraído de: Ternavasio, M. Historia de la Argentina, 1806-1852. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009, pág.180.